Las cuatro principales entidades rurales argentinas
resolvieron alargar en otros seis días una huelga que tenía como plazo el
jueves para retomar un diálogo con el Gobierno sobre los impuestos para la
exportación de granos que rechazan. Los productores también pidieron una audiencia con la
presidenta Cristina Fernández.
Las exportaciones agroindustriales son la mayor fuente de divisas de Argentina, el tercer productor mundial de soja. La oleaginosa fue la más afectada por el aumento impositivo, que pasó del 35% al 45%.
Vencidos los ocho días que habían fijado para retomar las negociaciones con el Gobierno, las organizaciones resolvieron "continuar las restricciones a la venta de granos al exterior" y "continuar con las movilizaciones" a la vera de las rutas en distintas localidades de todo el país, dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en una conferencia de prensa.
Los productores rechazan al aumento a los derechos de exportación dispuesto en marzo, que ata el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional. El paro implica la suspensión de la exportación de granos y el bloqueo al paso de los camiones cargados con productos agropecuarios destinados a la venta al exterior.
Llambías aclaró que la protesta no causará desabastecimiento de alimentos -como sucedió durante una huelga anterior-, ya que se permitirá "el libre tránsito de alimentos perecederos".
CRA, FAA, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) enviaron una nota por fax a la mandataria en la que solicitaron una "urgente audiencia" para "retornar un diálogo constructivo".
La paralización de las exportaciones agropecuarias -que representan alrededor del 40% de las ventas al exterior- ha tenido efectos financieros: aumentó la demanda de dólares y cayeron los depósitos a plazo fijo, lo que hizo incrementar las tasas de interés. El Banco Central debió suplir con sus reservas al mercado financiero para mantener el precio del dólar minorista.
El Gobierno asegura que los impuestos a las exportaciones permiten mantener el precio de los productos agropecuarios a niveles razonables para los consumidores domésticos evitando el efecto contagio del alza de las materias primas en el mercado internacional.
Los productores sostienen, en cambio, que el nuevo esquema es confiscatorio y que favorece la concentración del negocio agropecuario en manos de unos pocos poderosos hacendados.
Es así mismo! La clase media rural, igual que la urbana desaparecerá a raiz de una coincidencia de intereses entre el grande capital internacional y los gobiernos con alma de derechas y discurso de izquierda. Las multi entran en cualquier país, siempre y cuando protegidas, ya sea por tratados de protección de inversiones ya sea por una complicada burocracia a demandar favores y caros servicios de intermediación. Así compran grandes extensiones de tierras y generan los empleos para el lumpen de las periferias, como paliativo para los incompetentes gobernantes que precisan de las "inversiones extrangeras" para cerrar las cuentas públicas. Ya los chiquitos, agricultores familiares, sin voz y sin poder - siendo ciudadanso de 2da - gozan de los subsidios, que son migas, si comparados con las ventajas políticas. ¿Quién paga? Los productores medianos... que inverten su capital a riesgo de mercados y sufren los desmandos de los políticos, sin nadie que los contemple en contrapartida de su contribución al desarrollo de los países... Y son acusados desde los balcones de estar en contra de su país... aún que paguen toda la cuenta ... Es que no tienen suficiente capital, y ni suficientes votos para ser bien representados neste remedo de democracia... Siempre digo ellos votan, nosostros pagamos!
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