Cuando en agosto de este año Leonel Fernández inicie su tercer mandato como presidente de República Dominicana –segundo consecutivo– tendrá muchas victorias que cantar. En su gestión, consiguió sacar al país de una crisis financiera generada después del histórico fraude bancario de 2003, que costó 20% del PIB dominicano, según el FMI, y resultó en un mix venenoso que desvalorizó la moneda local, generó presión inflacionaria y disminución del crecimiento.

Ahora, Fernández tendrá que demostrar capacidad y manejo político para revertir un cuadro complejo que toma aspectos críticos. Entre ellos, la débil estructura de generación de energía eléctrica. “Cerca del 85% de la matriz eléctrica dominicana depende de combustibles fósiles, de los cuales el 60% es el petróleo”, dice Eduardo Klinger, presidente de la Fundación Pro-Integración y Desarrollo. “Y sólo en 2007 el aumento del precio del petróleo significó un incremento de US$ 700 millones en la factura de ese insumo, llegando a US$ 3.200 millones”.


La alternativa propuesta por Fernández son los biocombustibles. Además de la aprobación el año pasado de la Ley de Incentivo a las Energías Renovables, el presidente defendió en la Cumbre de la FAO realizada en Roma en junio la opción de generar etanol a partir de la producción de caña de azúcar.



Pero todo indica que es una opción que no acompaña la urgencia del problema. Además de combustible para un considerable parque automotor, es necesario dar luz a las casas de los dominicanos que sufren con los frecuentes apagones y dependen de un subsidio del gobierno para pagar una energía generada por un sistema ineficiente. “El gobierno gasta US$ 300 millones anuales sólo en ayudar a las generadoras”, dice Klinger. “Esa política de subsidios es insustentable, ya que, junto con otros factores que engordan el gasto público, presiona las cuentas del gobierno”, dice Wilfredo Lozano, director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (Cies), en Santo Domingo. “Para cuadrar la cuenta, Fernández tendrá que romper con los compromisos populistas, y realizar una reforma fiscal. Y eso tiene un costo político”.



Por otro lado, la producción de energía es fundamental para dar más competitividad a la producción nacional, aún más cuando el país está tomando firmemente la tarea de abrir mercados, con diversos tratados comerciales. Ya tiene con EE.UU., América Central y el Caribe, una asociación con Cuba y otros en negociación, como Venezuela, Taiwán, Canadá y Chile.



Y no sólo de la energía depende la competitividad de República Dominicana. Es de sentido común que el país también necesita más inversión en educación pública. “Hoy el gasto en educación del país no alcanza el 2% del PIB”, dice Lozano.



Y, además, trabajar por un futuro mejor para su vecino Haití. Las estimaciones apuntan a una migración de haitianos entre los 500.000 y 1 millón, y la reforma a la Ley de Migración no refleja la institucionalidad necesaria para tratar el tema. “Ellos requieren de nuestra solidaridad, pero eso genera una presión a la economía y la estabilidad política”, dice Lozano, quien fue uno de los redactores de la Ley de Migración. Y, para eso, República Dominicana no depende sólo de la voluntad propia. “Hay poca atención de parte de la comunidad internacional. Haití no necesita sólo de tropas para defender la democracia en el país. Requiere de dinero para levantarse”, concluye Klinger.